El Certificado Energético, con una validez de diez años, evalúa la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte del mismo), tanto en términos de consumo de energía como de emisiones de CO2, otorgándole una calificación en una letra que variará de la A a la G, para consumo de energía primaria, y otra letra para emisiones de CO2. Además de la información objetiva sobre sus características energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y la eficiencia, así como que el consumidor pueda valorar y comparar la repercusión del gasto en energía y emisiones de CO2 que va a tener su decisión a la hora de comprar o alquilar una vivienda. Una vivienda eficiente que cuente con la categoría más alta de eficiencia energética consume hasta un 86,4% menos de energía que una que esté catalogada con el nivel más bajo, según la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese). De este modo, si un inmueble de categoría 'G' gasta al año 2.000 euros en energía, otro con las mismas características pero con categoría 'A' gastaría menos de una quinta parte, esto es, menos de 400 euros. Se calcula que esta normativa conllevará ahorros anuales de aproximadamente 32.000 tep, suponiendo que se realizaran actuaciones de mejora de la eficiencia energética en un 10% de los edificios certificados y se consiguiera un ahorro medio de un 20% con las medidas que se adopten.
